Así lo señalaron expositores del foro: “Derecho a la Tierra el Camino a la Paz".
Tunja, abril 19 de 2017. (OPGB). “La estructura de la tenencia de la tierra en este departamento no es de minifundios, es de microfundios y de los 550.000 predios rurales que hay en Boyacá el 70% tienen algún carácter de informalidad”, indicó Jorge Iván Londoño Vélez, secretario de Fomento Agropecuario de la Gobernación.
Según el funcionario, de esos 380.000 predios correspondientes al 70%, tienen algún perfil de informalidad, el restante están en falsa tradición y eso permite que los que poseen esos terrenos no tengan acceso a los servicios del Estado, correspondientes a los financieros, públicos y de oferta institucional.
En ese sentido, afirmó el funcionario: “Somos piloto porque en Ramiriquí se realizó el programa, en el cual se formalizó un número considerable de predios rurales de ese municipio, en un esfuerzo apoyado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
El titular de la sectorial agropecuaria afirmó, que el gobernador Carlos Andrés Amaya, gestionó, además, ante la Superintendencia de Notariado y Registro, un convenio interadministrativo para aunar esfuerzos y garantizar la titulación, saneamiento y formalización de predios urbanos y rurales. El proceso continúa y se espera concluirlo en el año 2020.
La magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, María Julia Figueredo, afirmó que el garantizar la titularidad de la tierra es un derecho que asiste a los campesinos, teniendo en cuenta la importancia de esa labor que garantiza la sostenibilidad alimentaria.
Recordó, que el punto 1. de los acuerdos de la Habana habla del Acceso a la Tierra y se estipula la necesidad de establecer en el país el Fondo Nacional de Tierras.
Llamó la atención sobre los temas de Formalización, Saneamiento y Titulación de Tierras. “Un asunto es la restitución de tierras, que se maneja teniendo en cuenta el desplazamiento, consecuencia del conflicto armado interno y otra es brindar facilidades a los grandes poseedores de tierra para presionar el desplazamiento y a su vez, acceder a las mejores tierras del país”, dijo la Magistrada.
Advirtió que si los campesinos no legalizan sus tierras, teniendo en cuenta la controversia entre dos sentencias de la Corte Constitucional, se podrían asumir como baldíos y entrarían dentro del inventario del Fondo Nacional de Tierras. (Fin/Carmenza Reyes Becerra-OPGB).
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Gobernación de Boyacá.
