Avanza la implementación de esta iniciativa que fue adoptada mediante la Ordenanza 026 de 2017.
“Agradecemos el compromiso de 20 sectoriales e institutos descentralizados de la Gobernación y de 22 aliados de los sectores institucional, privado, academia y sindicatos”, afirmó Alexander Adame, titular de esa dependencia administrativa.
El informe destaca, entre otras, las siguientes acciones:
1. Mayor interacción y participación con actores: 486 instituciones; 18.140 empresas y emprendimientos; 34.029 productores y asociaciones, y 334.898 personas en los 123 municipios.
2. El Objetivo 1, relacionado con la creación de condiciones favorables para la generación de trabajo decente, contó con el mayor porcentaje de acciones realizadas (58%). Sobresalen, en número, las orientadas a mejorar las capacidades productivas de la población, facilitando el acceso a formación de calidad, priorizando poblaciones vulnerables y aquellas dirigidas a promover y apoyar la asociatividad solidaria, el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial, con un 16%, cada una. La actividad correspondiente a gestionar acciones y recursos financieros y/o técnicos de entidades nacionales y/o agencias de cooperación internacional, apenas obtuvo el 1.2%.
3. Respecto al Objetivo 2, asociado a respetar y acatar los derechos fundamentales en el trabajo, concentró el 10% de las estrategias adelantadas, especialmente, las de prevenir y erradicar las formas inaceptables del trabajo infantil, trabajo forzoso y discriminación, con un 3.5%. Sin embargo, las conducentes a promocionar y divulgar el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajo, en particular los derechos de libertad sindical, asociación y negociación colectiva y las de generar indicadores que permitan consolidar, analizar y monitorear información relacionada con la vulneración de los derechos laborales, alcanzaron únicamente el 0.9%, respectivamente.
4. Los esfuerzos para alcanzar el Objetivo 3, inherente a la extensión de la protección y la seguridad social, agruparon el 15%, siendo representativos, con un 7%, los de promover las condiciones adecuadas de salud y seguridad en el trabajo; aun así, las acciones encaminadas a incentivar y velar por la afiliación de la población a los sistemas de seguridad y protección social llegaron solo al 2.6%.
5. Del Objetivo 4 se observó que el 9% de acciones se ejecutaron para promover el diálogo social; aquí se destacan las actividades enfocadas al fortalecimiento de asociaciones gremiales, sindicales y sociales, con el 3.2% y, en menor grado, las de apoyar la capacitación y fortalecimiento de competencias para el diálogo social de empleadores y trabajadores con el 0.9%.
6. Por último, en el Objetivo 5, cuya finalidad es la territorialización de la política, se evidenció un porcentaje del 8%, el más alto, respecto a los obtenidos en años anteriores. Se destaca, con un 6%, lo correspondiente a fortalecer las capacidades del capital humano en las entidades territoriales; no obstante, fue bajo el enfocado a implementar, por parte de los entes territoriales, los lineamientos de la Política Departamental de Trabajo Decente, con un 0.6 por ciento.
7. En total se realizaron 347 acciones en 2023, orientadas a la implementación de esta política: 57% adelantadas por la Gobernación de Boyacá y 43% por los aliados. Respecto al seguimiento de indicadores, la administración departamental alcanzó, en promedio, el 97% de cumplimiento y los aliados, en conjunto, el 90%.
8. Las estrategias más utilizadas por las 42 entidades, aliados y actores que aportaron a la implementación de la Política Pública de Trabajo Decente para Boyacá 2017-2032, fueron: capacitaciones y talleres (30%); asesoría y asistencia técnica (16%); concertación de políticas, comités formales y reuniones de diálogo con actores (10%); análisis territorial a partir de estudios, diagnósticos, informes y documentos (9%) y apoyo financiero, logístico, entrega de maquinaria e insumos (8%).
El Secretario de Desarrollo Empresarial resaltó, además, la importancia de fortalecer la articulación de la oferta institucional, la academia y el sector privado para interactuar con las nuevas administraciones locales, con el fin de facilitar la adopción de lineamientos y acciones que permitan avanzar en la territorialización de esta política en el departamento, mediante la gestión del conocimiento y las capacidades del capital humano y del suministro de herramientas y programas que aporten a mejorar las condiciones del trabajo de los boyacenses.
Adame informó que, sobre el particular, una nueva apuesta de la Secretaría de Desarrollo Empresarial fue incluida en el Plan de Desarrollo Departamental 2024 – 2027. Se trata de la propuesta de crear e implementar el Observatorio Empresarial de Boyacá con el fin de consolidar, analizar, apropiar y difundir información del sector empresarial como herramienta para identificar e implementar estrategias que favorezcan al crecimiento de ese sector en Boyacá.
El informe completo de seguimiento a la Política Pública de Trabajo Decente está dispuesto en http://ormet.boyaca.gov.co, sección trabajo decente. Allí se detallan las acciones propuestas, realizadas, y los beneficiarios/participantes y municipios, así como las entidades y aliados que contribuyen a su implementación. (Fin / UACP).
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo.
Gobernación de Boyacá.
