El Ministerio reitera su compromiso de tomar acciones para la protección de la vida de todos los educadores.
Bogotá D.C., 4 de septiembre de 2019. El Gobierno Nacional rechaza de manera enfática las amenazas de que han sido objeto los miembros del Comité Ejecutivo de FECODE, de ASOINCA, así como las que se han venido presentando contra el magisterio colombiano, y reitera su compromiso indeclinable de adelantar un trabajo articulado entre las diferentes entidades del Estado para establecer las formas de protección a la vida, la seguridad y la integridad de los educadores y sus familias.
"El Gobierno Nacional reafirma una vez más que la protección de la vida es una prioridad que debe ser articulada en un trabajo conjunto con las autoridades nacionales y territoriales para garantizar a los educadores este derecho fundamental", indicó la Ministra de Educación.
La Ministra reiteró que para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio de Educación, el pasado 12 de agosto, expidió la Directiva Ministerial 02 de 2019, en la que se resalta la importancia de realizar todas las actuaciones a que haya lugar para ser efectivos en procura de los derechos fundamentales a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de los educadores que se encuentran en riesgo.
La Directiva resalta además tres principios: el de la buena fe, el de la complementariedad y, en especial, el del enfoque de derechos, para superar los obstáculos o trabas en este tipo de actuaciones administrativas, y brindar la celeridad y oportunidad que las situaciones de amenaza o desplazamiento ameritan.
Estas orientaciones están amparadas en un marco legal y jurisprudencial de la Corte Constitucional, para mejorar los procesos que adelantan las entidades territoriales certificadas ante las situaciones de amenaza o desplazamiento de los educadores, que obligan a ser ágiles en las actuaciones administrativas para adoptar medidas de protección que garanticen un ejercicio de las actividades de los docentes, sin la zozobra de sentir riesgo con su vida e integridad, así como la de sus familias.
Consulte aquí la Directiva Ministerial 02 de 2019.
Así mismo, mediante la Resolución 9017 del 27 de agosto pasado se creó el Comité Nacional de Seguimiento de los traslados de educadores estatales por razones de seguridad personal, instancia que tiene como tarea primaria establecer orientaciones puntuales y articular las acciones que deban adelantarse para la efectividad de los mecanismos y estrategias de protección a la vida e integridad de los educadores y sus familias. Se ha convocado a sus integrantes para una sesión que tendrá lugar la próxima semana.
En este sentido, la Ministra de Educación con la Unidad Nacional de Protección, adelantan las gestiones que permitan un trámite de emergencia en la protección de los directivos sindicales amenazados, así como el procedimiento para que en forma articulada con gobernadores y alcaldes se atiendan las solicitudes de educadores que denuncien situaciones de riesgo a su vida, seguridad e integridad.
En este sentido, ante los hechos denunciados, en sesión de trabajo entre el Ministerio de Educación, la Unidad Nacional de Protección y la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación se llegó al siguiente plan de acción: (i) atención en trámite de emergencia para los directivos sindicales amenazados que no cuentan con esquema de seguridad; (ii) revisión del esquema de seguridad actual en lo individual y lo colectivo; (iii) encuentro con secretarios de educación del país con enfoque de derechos y llamado a la protección a la vida; (iv) comunicación a las Federaciones de Departamentos y Municipios para realizar un trabajo articulado en cada territorio con Policía y la Unidad Nacional de Protección, garantizando la atención en la inmediatez.
Por último, la Ministra reitera: "condenamos de manera contundente las amenazas a nuestros maestros, máxime que los educadores son los servidores públicos con mayor presencia en el territorio y actores fundamentales para garantizar el derecho a la educación". (Fin-Mineducación-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).
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Gobernación de Boyacá.
