En cuestión de días sería aprobado el Plan de Desarrollo Departamental.
Tunja, 16 de mayo de 2020. UACP. Mientras avanzan las discusiones en la Asamblea del departamento alrededor del documento más importante para Boyacá, la Administración liderada por Ramiro Barragán Adame, adelanta acciones para proteger la vida y garantizar condiciones dignas que permitan superar la pandemia generada por el coronavirus COVID-19.
Desde el pasado 11 de mayo 26 dependencias del Gobierno, entre: secretarías, institutos descentralizados y oficinas asesoras participan en sesiones virtuales junto con el equipo de la Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial deSecretaría de Planeación, integrantes de la Duna Departamental y el Consejo de Planeación. En espacios transmitidos por Youtube, son expuestas las apuestas de desarrollo plasmadas en el Plan de Desarrollo ‘Pacto Social por Boyacá: tierra que sigue avanzando’.
El documento construido gracias al Programa de Gobierno y los Diálogos de Saberes, tanto presenciales como virtuales, busca responder a las exigencias de la coyuntura, reactivar la economía y continuar transformando el territorio.
“La situación del COVID-19 ha cambiado al mundo, las formas de pensar, de actuar y también ha dado un giro, infortunadamente negativo, a las finanzas públicas. Al reducirse la circulación de dinero, de impuestos y de ingresos para el Estado, disminuyen los recursos que reciben los departamentos”, indicó el gobernador Barragán.
En los últimos meses la administración boyacense debió reformular el Plan de Desarrollo y replantear sus metas e indicadores financieros. Al respecto Barragán agregó: “Si no tenemos con qué financiar los proyectos, no podremos materializarlos. Tenemos que ser concretos específicos y realistas con las finanzas”.
Primero la vida y la salud
Fortalecer el sistema hospitalario público y privado, unidades de cuidados intensivos y unidades de cuidados intermedios; ampliar el número de camas; mejorar la prestación del servicio en los centros médicos y la dotación para el cuidado de las personas que allí laboran; y aumentar la capacidad para la realización de pruebas que controlen el riesgo de contagio, son objetivos inaplazables.
La lucha contra el COVID-19 implica inversiones en infraestructura, dotación y capacitación para el procesamiento masivo y veloz de muestras. Cerca de $ 9.800 millones del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación fueron aprobados para fortalecer tres laboratorios a cargo de la Secretaría de Salud, la UPTC y la IPS Carvajal; los preparativos para comenzar a funcionar marchan al ritmo requerido.
Boyacá te abraza
Detener la propagación del coronavirus depende de que el mayor número de personas permanezca en sus hogares con los alimentos y los servicios necesarios. Esa condición conocida como “mínimo vital” es la segunda prioridad. La campaña inicialmente apoyará a más 100.000 familias. Las entregas no paran y llegarán a los 123 municipio.
Además, han vuelto los trueques. Boyacá y Cundinamarca están intercambiando alimentos e insumos agrícolas; ya son 65 toneladas de fruta fresca cosechada en Nuevo Colón, Jenesano y Tibaná por 2.200 bultos de abono orgánico.
Boyacá nos alimenta
En tercer lugar está una actividad esencial que no debería parar en ningún momento: La agricultura. Por eso, la estrategia contará con inversiones significativas en beneficio, en su primera etapa, de 1.200 familias productoras de fríjol, arveja, trigo, maíz y quinua.
Hacia junio de 2019, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 70 % de los alimentos consumidos en Colombia fueron producidos por economías de pequeña escala en unidades agrícolas familiares como las boyacenses. Para la misma época, Corabastos recibió cerca de 14 mil toneladas diarias de alimentos desde territorios entre los que está Boyacá.
El Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, contiene a su vez un plan de inversiones diseñado para financiar no solo las prioridades que impone la pandemia, sino también 111 programas y 248 subprogramas que surgen de los componentes de las líneas estratégicas que acogen todos los sectores más allá de salud y agricultura.
“El costo estimado del Plan asciende a cuatro billones ciento siete mil cuatrocientos veintitrés millones de pesos, ($4.107.423). El año 2020 cuenta con una programación de $1.011.975 millones de pesos”, detalla la versión del documento radicada en la Asamblea Departamental, objeto de discusión actual. Que cada año suba la cifra, es lo esperado. (Fin / Deisy A. Rodríguez – Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo)
