“Esperamos que prospere la tutela que cursa en la Sección Primera del Consejo de Estado que ya tiene registro de fallo”.
El funcionario precisó que fue notificado de un proceso ejecutivo que cursa en el Tribunal Administrativo de Boyacá en el que se pretende, como medida cautelar, el embargo de las cuentas del departamento en razón al proceso que se adelanta ante un Tribunal de Arbitramento por la declaratoria de liquidación unilateral del contrato para la construcción de la vía Duitama – Charalá.
Inicialmente los departamentos de Boyacá y Santander fueron condenados a pagar 13 mil 800 millones de pesos, aproximadamente, como indemnización a la sociedad encargada de ejecutar el contrato.
Daza Daza señaló que el fallo del Tribunal de Arbitramento se encuentra en firme, que es un fallo exigible y que por eso prosperó el proceso ejecutivo, no obstante aclaró que actualmente cursa en segunda instancia una impugnación a una tutela por vía de hecho que está muy bien estructurada por parte del Departamento. El funcionario confió en que se aplique de manera correcta la fórmula de liquidación bajo el criterio expuesto por la Gobernación de Boyacá.
“El Tribunal de Arbitramento no lo hizo de la misma forma y por eso salieron unas cuantías tan altas en estas condenas”, sostuvo el Director Jurídico de la Gobernación.
Aseguró además que según las cuentas de la oficina Jurídica, y aplicando las formulas contenidas en los pliegos de condiciones del contrato, los dos departamentos deberían ser condenados a pagar una suma de entre 3.500 y 3.800 millones de pesos, máximo.
Con respecto al alcance del auto que expidió el Tribunal Administrativo frente a las medidas cautelares de embargo, Daza Daza dijo que efectivamente este se refiere al artículo 2º donde se ordena embargar las cuentas, pero también ordena a los gerentes de los bancos, en el artículo 3º, en su parte final, que se verifique específicamente que las cuentas del departamento no tengan naturaleza de inembargables.(Fin/Jaime H Romero R).
Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo
Gobernación de Boyacá