Durante la actividad se trataron temas de orden público, seguridad y convivencia, salud, Derechos Humanos y trata de personas.
“Es importante destacar que tuvimos autoridades del ámbito nacional que tienen que ver con el tema migratorio como la Gerencia de Fronteras, la ONU, ACNUR y comunidad internacional que está trabajando en pro de los derechos de los migrantes”, indicó la secretaria de Gobierno y Acción Comunal, Elided Ofelia Niño Paipa, quien dirigió la jornada como delegada del gobernador Ramiro Barragán Adame, con el apoyo del director de Diálogo Social y Convivencia, Servilio Caicedo.
La funcionaria agregó que, luego de realizar un análisis de orden público, se realizaron varias mesas de trabajo. Una de seguridad y convivencia, otra de salud y una tercera de Derechos Humanos y trata de personas, de las cuales salieron los siguientes compromisos:
En la mesa de orden público se evidenció que es importante determinar los migrantes que son reincidentes en delitos y poder tener una reunión con la Judicatura y la Fiscalía para que se designe un fiscal para esos casos. De igual forma, se deben priorizar los procesos judiciales donde están inmersos los migrantes, ya que ellos no pueden ser expulsados del país hasta que se les defina la situación judicial.
“Vimos que la problemática no solamente está en el tema de delitos. De hecho, el reporte es muy bajito respecto al porcentaje de los crímenes que normalmente ocurren en Boyacá. No obstante, también debemos analizar las contravenciones al Código de Seguridad y Convivencia, entonces en una próxima reunión se les va a solicitar a la Secretaría de Gobierno, Inspecciones de Policía y Comando, un informe sobre estas”, señaló la funcionaria.
Por otra parte, se solicitó más operativos, tanto a Migración Colombia como a la Policía en los sectores donde ya las autoridades municipales han detectado que, posiblemente, están siendo utilizados para explotación sexual o microtráfico.
Sin embargo, existe una dificultad y es que, debido a la pandemia, se expidió un decreto donde el tema de privación de la libertad se le está atribuyendo a los municipios. “La cuestión es cómo hacer gestión y cómo someter a un Comité de Control y Seguimiento Carcelario y Penitenciario para que el Inpec empiece a recibir, y el Uspec comience a asumir los costos de estas personas, toda vez que en este momento están a cargo de los municipios”, dijo la funcionaria.
En la mesa de salud, entre tanto, se recalcó a los mandatarios locales que ellos son los encargados de controlar y sacar un censo real de quiénes están residiendo en sus localidades como personal migrante.
“Si bien es cierto, Migración tiene un registro de 18.000 extranjeros en el departamento, creemos que hay un subregistro, toda vez que hay muchos más y eso se ha venido detectando con la implementación del Estatuto del Migrante, que ya ha hecho registros, y notamos cómo en el municipio de Paipa, por ejemplo, los datos de migración oscilaban en 145 y ahorita, con el Estatuto, van registrados más de 400”, precisó Ofelia Niño.
La secretaria aseguró que esta situación tenía una fuerte incidencia, ya que el migrante regular tiene derecho a que se le presten servicios de salud, mientras que el irregular, solamente los servicios de urgencias. “Pero al ser irregulares, las IPS se están quedando con una carga de una deuda que no hay quién se las pague”, expresó.
De hecho, la Resolución 1245 indica que es obligación de cada uno de los alcaldes cargar en la base de datos Piscis los migrantes que están en su territorio, esto para efectos de la vacunación, pues están llegando muchos fallos de tutela donde se les reconocen derechos a la salud. Por esta razón, se les va a solicitar a los jueces de la República que se dé la oportunidad de identificarlos para poder regularizarlos.
Por último, se trabajó la mesa de Derechos Humanos y trata de personas en virtud de que se ha detectado que los migrantes son utilizados o instrumentalizados por personas colombianas que, valiéndose de su necesidad, los instan a cometer crímenes, por los cuales luego son capturados o judicializados.
“Es importante trabajar mucho el tema de trata de personas; vemos que en las calles están ejerciendo la mendicidad, también la trata de personas en temas sexuales y en explotación laboral, eso conlleva a un delito y de lo que se trata es de prevenir y formar, tanto a los ciudadanos colombianos como a los migrantes, porque ya se nos están presentando problemas de xenofobia”, recalcó la secretaria.
La Mesa Departamental Migratoria llegó para quedarse y mientras se sigan teniendo migrantes en el departamento, continuará trabajando para garantizar los derechos de los ciudadanos colombianos y de los migrantes en virtud del Derecho Internacional Humanitario.
Se tiene previsto reunirse tres veces al año. Esta fue la segunda jornada, pero también se podrán hacer reuniones extraordinarias, según lo establece el decreto. Lo importante, en últimas, es poder dar solución a los inconvenientes que se generen y buscar alternativas para erradicar la xenofobia, para garantizar los Derechos Humanos y, ante todo, la seguridad y el orden público. (Fin / Yanneth Fracica /UACP).
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Gobernación de Boyacá.
