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Con alegría y con objetivos claros para el desarrollo del departamento, recibió el gobernador el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá.

 

Tunja, 14 de febrero del 2019. (OPGB). El gobernador Carlos Amaya manifestó su alegría por el departamento y por las posibilidades de desarrollo que genera para el pueblo boyacense el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá que “declaró la nulidad absoluta del contrato de concesión de licores, ordenó la terminación del mismo, la entrega de todos los bienes y la realización de un nuevo trámite”, de acuerdo con lo manifestado en la sentencia de segunda instancia, la cual añade que “se encontró que efectivamente la concesión del monopolio de licores vulneró derechos colectivos, los que debían ampararse en salvaguarda de la moralidad administrativa y el patrimonio público”.

“Con alegría y esperanza quiero saludad el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá que declara la nulidad del contrato de concesión de la Industria de Licores de Boyacá. Registramos cómo la justicia en Boyacá funciona y cómo, en medio de un escenario gris de pérdida de credibilidad de las instituciones, acá los magistrados nos dan esperanza para creer en la justicia”, manifestó Amaya, quien se refirió específicamente al magistrado Fabio Iván Afanador, a quien le reconoció su trabajo por la justicia en el departamento.

Y es que, de acuerdo con lo sostenido por los magistrados con respecto al contrato de concesión realizado por el departamento y la entonces Unión Temporal Licorandes Asociados (hoy Industria de Licores de Boyacá S.A.) en el año 2003, “…no encontró el Tribunal que existiera un estudio de conveniencia y oportunidad de la concesión de licores, así como tampoco otro serio atinente a las condiciones de rentabilidad, riesgos, mercado, etc., que permitiera determinar las condiciones en que debería celebrarse. De la misma manera no pudo establecer si aspectos tan sensibles e importantes como la duración del contrato y las utilidades del Departamento hubieren obedecido a la mejor opción financiera en términos de mercado, tanto para el ente territorial, como para la salud y la educación del mismo”.

“Además, halló acreditado que el Gobernador de la época contrató la concesión de licores sin facultad expresa de la Asamblea y usurpó su facultad regulativa, pues adoptó dos decisiones que estaban por fuera de su competencia; la primera, que el monopolio era conveniente; y la segunda, la forma como el Departamento optaría por la explotación del mismo”, siguiendo con lo comunicado por el Tribunal.

Añade la instancia judicial que “…la cláusula octava, sobre el 2% de las utilidades del contrato, menoscabó el patrimonio público del ente departamental, al desconocer los parámetros constitucionales que definen el alcance y la destinación de las rentas generadas por un monopolio rentístico”.

Para el gobernador, el interés de todos los boyacenses primó en este fallo que reza que “ante la magnitud de las irregularidades que rodearon el negocio jurídico de licores para el Departamento de Boyacá, consideró el Tribunal necesario declarar la nulidad absoluta del contrato”.

“Hoy se ha pensado más en el interés general que en el particular, y por eso, como Gobierno de Boyacá, tomaremos las decisiones que ordena el Tribunal. He designado una comisión de expertos del Gobierno departamental, acompañados de un exmagistrado del Consejo de Estado, para asesorar que cada decisión que se tome sea de acuerdo a la ley y pensando en el interés general de los boyacenses”, enfatizó Amaya.

“Lo que viene”

El mandatario agregó que buscará que la Empresa de Licores de Boyacá se convierta en un motor de desarrollo del departamento, que genere riqueza, se modernice y compita en el mercado nacional, y que vuelva a ser un referente en el país en cuanto a licores, por lo que trazó, de manera inmediata, dos objetivos.

“Como primera medida buscaremos que el recaudo para el departamento de Boyacá aumente por esta vía, con lo que podamos seguir haciendo obras que beneficien a todos los boyacenses llegando a los lugares más recónditos del territorio bicentenario”, recalcó.

“En segunda instancia, le apuntaremos a modernizar la empresa, que hoy pasa nuevamente a ser de los boyacenses. Que pueda competir en todo Colombia y genere desarrollo para Boyacá; que sea exitosa y que pueda tener ediciones especiales de sus productos, ediciones prémium en el Bicentenario”.

En el fallo, el Tribunal que añade que “…una vez en firme el acto de terminación del contrato y restituidos los bienes inmuebles y muebles de la concesión pertenecientes al Departamento, el Gobernador de Boyacá podrá adoptar directamente las medidas contractuales necesarias y provisionales para explotar el monopolio de licores en la forma que más convenga a los intereses generales del ente territorial…”, y ordena “al concesionario la devolución inmediata de todos los bienes inmuebles (edificios, acueductos, redes, tanques de almacenamiento, etc.) y muebles (maquinaria, equipos herramientas, etc.) entregados por el Departamento de Boyacá, pertenecientes a las plantas de Tunja, Moniquirá y Frutenza”. (OPGB).

 

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