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Foto: Diego Peña-OPGBHasta el momento se han recuperado cerca de 25.000 millones de pesos.

El director Jurídico del departamento, Henry Saza, dijo que existe un inconveniente jurídico con respecto a algunos procesos licitatorios de vías que se ejecutaron, en su momento, en administraciones pasadas, en el corredor vial  Maripí - Muzo.

"Cuando asumimos esta Dirección encontramos más de cinco procesos donde cada pretensión de proceso valían más de 8.000 millones de pesos , estamos entonces hablando de 50.000 millones de pesos, como demanda al departamento. El equipo jurídico del departamento asumió una posición y tomó ese riesgo jurídico, en el entendido, que los procesos jurídicos son eso: un 50% de posibilidades de perderlos y un 50% de ganarlos", señaló Saza Sánchez.

El funcionario agregó: "A la fecha llevamos ya dos procesos que se están ventilando en el tribunal y definitivamente hemos tenido respuesta favorable para el departamento, le hemos ganado dos de esos pleitos a los consorcios que nos tienen demandados, nos faltan tres procesos que están ya a las puertas de fallos que nos darán definitivamente el resultado de ese ejercicio que asumimos en su momento".

El funcionario se refirió a los hechos que generaron las demandas y explicó que son varios: "los consorcios hablan de mayor tiempo en la obra que no se previó en su momento, alegan, igualmente, que el tema del Fenómeno de la Niña provocó inestabilidad en las obras, y por lo tanto, mayor tiempo inversión en estas".

El Director Jurídico del Departamento afirmó: "Realmente hemos logrado probar que algunos de esos temas estaban contemplados dentro de los contratos que se firmaron con los consorcios y otros han sido de fuerza mayor, donde el departamento no tiene por qué responder. Estamos en la tarea y el compromiso de una política de defensa con respecto a dos situaciones que he mencionado, que la política de defensa en las entidades públicas era la que gozaba de más mal prestigio, por efecto, que las entidades públicas no se defienden.

Finalmente dijo: "Nosotros hemos tratado de establecer una política de defensa partiendo del principio de que las entidades públicas se tienen que defender como las entidades privadas, porque las leyes a veces les dan cierto tipo de argumentos que se pueden utilizar, no solamente, en los procesos particulares, sino en los procesos con las entidades públicas y hay que agotar todos esos recursos para efecto de salvaguardar los dineros del tesoro y eso no ha faltado en la Dirección Jurídica, porque es un compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias de posiciones realmente jurídicas donde tengan algún sustento que nos permitan en determinado momento llegar a feliz término en un proceso de tal magnitud y se abstenga el departamento de pagar sumas de dinero cuantiosas. Los proceso pendientes por obras viales ascienden a 25.000 millones de pesos". (Fin/Carmenza Reyes Becerra).

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