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Foto: Diego Peña (OPGB)

“Se requiere implementación de mecanismos administrativos para consolidar los procesos”, secretario de Fomento Agropecuario, Alejandro Perea.

“La estructura de la tenencia de la tierra en este departamento no es de minifundios es de microfundios y de los 550.000 predios rurales que hay en Boyacá el 70% tienen algún carácter de informalidad, indicó el titular de la sectorial, Luis Alejandro Perea Albarracín.

Según el funcionario, de esos 380.000 predios correspondientes al 70%, tienen algún perfil de informalidad, el restante están en falsa tradición y eso permite que los que poseen esos terrenos no tengan acceso a los servicios del estado, correspondientes a los financieros, públicos y de oferta institucional, por eso, para el departamento esta es una apuesta sin igual, de la cual somos pioneros.

“En este sentido, el Gobernador de Boyacá comprometió en el contrato plan 40.000 millones de pesos para iniciar el proceso, pero son insuficientes porque si estamos hablando según la meta del Plan de Desarrollo, se debe formalizar un 10% del total de  la informalidad en todas sus manifestaciones, estamos hablando de formalizar siquiera 50.000 predios, que a los precios de hoy significan más de 120.000 millones de pesos y la apuesta del departamento por lo pronto es de 40.000, estamos esperando que el gobierno nacional haga la destinación de recursos con los que  se comprometió y que le corresponde”, dijo.

Añadio el funcionario, “Somos pilotos porque en Ramiriquí ya estamos en un proceso en el cual vamos a formalizar la mitad de los predios rurales de ese municipio, 2.700 para ser exactos. En Moniquirá ya se empezó, en Ventaquemada todavía los esfuerzos son insuficientes”. 

Y finalizó diciendo: “El proceso es complejo, para formalizar los 2.730 predios de Ramiriqui,   no basta con el juzgado municipal, no basta con la oficina de registro , necesitamos más oficinas de registro así sea de carácter temporal y muchos más juzgados para atender las demandas masivas que va a requerir  el esfuerzo no solamente de Ramiriquí sino de todo el país, y no existe esa institucionalidad, como si esto fuera poco,  también nos damos cuenta, que  necesitamos topógrafos para realizar los  levantamientos de rigor, los pocos que quedan se los lleva la industria petrolera, No hay ingenieros catastrales, los desarrollos catastrales están rezagados, el IGAG no  cuenta con los funcionarios  que se requieren para instrumentar el proceso. Una buena propuesta para el departamento de Boyacá se frustra porque la institucionalidad nunca había convocado el requerimiento que implica en términos cuantitativos miles de millones de pesos”. (Fin/Carmenza Reyes Becerra)

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