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El programa cuenta con un presupuesto de $133 mil millones en la primera etapa.

Con la citación a la Junta Directiva del Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA), de la cual hacen parte el Gobierno y los campesinos, se cumplió el último paso que da luz verde a la compra de cartera vencida hasta por $20 millones a pequeños y medianos productores del campo, cuyos activos no superen los 700 salarios mínimos.

Luego de una profunda discusión y análisis, el órgano directivo del FONSA determinó que son beneficiarios de esta compra de cartera, pequeños y medianos productores cuyos activos no superen los 700 salarios mínimos.

La Junta Directiva determinó tres modalidades con las cuales los agricultores pueden acceder a este programa de alivio del Gobierno Nacional en el 2014, el cual es operado por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO).

En primer lugar, aquellos productores cuyas deudas vencieron en el periodo comprendido entre el primero de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2013, para dos casos: los productores afectados por problemas sanitarios del cultivo del arroz, que enfrenta la enfermedad denominada: Vaneamiento de la Espiga. Así mismo, la producción de plátano y banano, atacada por el “moko” ocasionado por la bacteria ralstonia solanacearum.

La segunda modalidad tiene que ver con la nueva situación de crisis relacionada con las variaciones significativas y sostenidas en los precios de los productos, respecto de la cual los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud del Decreto 355 de 2014, definieron como cadenas beneficiarias las siguientes: café, algodón, cacao, cebolla de bulbo, maíz, caña de azúcar, papa, palma de aceite, caña panelera, fríjol y leche, cartera que debía encontrarse vencida al 31 de agosto de 2013.

Una tercera modalidad comprende la cartera normalizada al 17 de diciembre de 2013, para las cadenas antes mencionadas.

Así mismo, se fijaron como condiciones financieras para amortizar las deudas, equivalente al IPC más dos puntos, un plazo total para el pago de 10 años y un periodo muerto de tres años, dentro del cual los beneficiarios no deberán pagar nada por capital ni intereses.

Cabe anotar que la compra de cartera amparada en la nueva situación de crisis no podrá superar la suma de $20 millones por beneficiario. (Fin/MADR-Carmenza Reyes Becerra).

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