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El mandatario lamentó la intervención de ese cuerpo de reacción policial durante expresión pacífica de ciudadanos de Tunja. 

 “Soy respetuoso de autoridades superiores en orden público, pero actuación del ESMAD en#CacerolazoTunja amerita una explicación a Boyacá”, dijo en la madrugada de este lunes el jefe de gobierno en su cuenta de Twitter, una vez concluyó la manifestación espontánea en la Plaza de Bolívar.

Desde las 19 horas del domingo 25 de agosto, habitantes de diversos sectores de Tunja protagonizaron un cacerolazo en apoyo a las peticiones de los productores de papa y cebolla y a los ganaderos que subsisten de la comercialización de leche.

Quienes salieron a las calles exigieron al gobierno del presidente Juan Manuel Santos solucionar los requerimientos del sector agropecuario y definir unas políticas que beneficien a este sector productivo, hoy aquejado por los altos precios de los insumos, los bajos precios de comercialización  y la importación de productos que, con suficiencia, se cultivan en el país.

Según las denuncias de quienes participaron en la marcha nocturna, una vez concluido el ‘cacerolazo’ se hicieron presentes miembros del ESMAD que al parecer lanzaron gases lacrimógenos contra hombres, mujeres y niños que regresaban a sus hogares.

Frente a tales denuncias, formuladas a través de las redes sociales y los medios de comunicación, el gobernador Juan Carlos Granados dijo en Twitter que “en el marco de semejante acción cívica y pacífica de Tunja #CacerolazoTunja, ejemplo para el mundo civilista, nooooo podía actuar el ESMD”.

Granados Becerra, @engranadosxboy, también se comprometió a pedirle a las autoridades una explicación de lo sucedido. “Es inexplicable después de la civilidad #CacerolazoTunja ejemplo para el mundo”.

En el marco de su labor como mediadores, el Gobernador de Boyacá, el alcalde de Tunja, Fernando Flórez Espinosa; y el arzobispo de la ciudad, monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, pidieron la intervención de la Defensoría del Pueblo con el objeto de garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de la fuerza pública y los promotores del paro.

El texto de la solicitud entregada el sábado al defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, reza de la siguiente manera:

“En consideración a las consecuencias hasta ahora evidenciadas por el desarrollo del Paro Nacional Agrario, principalmente aquellas que tienen que ver con afectaciones a los derechos humanos fundamentales de la población civil, involucrada directa e indirectamente en el mismo, y presuntas vulneraciones por parte de la fuerza pública, como de algunos ciudadanos, comedidamente solicitamos su apoyo en el sentido de establecer una comisión de acompañamiento permanente en el curso de la situación de orden público por usted conocida y que ha sido expuesta en la mesa de concertación…”

En su condición de conciliadores, el alcalde de Tunja, el arzobispo de la capital y el gobernador de Boyacá han reiterado la necesidad de que las partes involucradas en el conflicto respeten los derechos de los ciudadanos a la movilidad y al libre acceso a los servicios de salud y alimentación. (FIN/Germán García Barrera).

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