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La situación de Tunja y del Departamento de Boyacá no es nada deseable.

Así el Mandatario de los Boyacenses madrugó a informar a los medios de comunicación sobre la urgente preocupación que tiene por conjurar el Paro Nacional Agropecuario.

Hoy, además,  se cumple una reunión en la Curia Arzobispal de la Capital del Departamento, con la presencia de los diferentes actores de este proceso, entre los que se destaca: el secretario general de la Presidencia de  la República, Aurelio Irragori Valencia; el mininistro de Agricultura, Francisco Estupiñán; el alcalde de Tunja, Fernando Flórez Espinosa; el arzobispo de la Ciudad de Tunja, Luis Augusto Castro Quiroga; representantes del Ejército y Policía, diputados de la Asamblea del Departamento , de la Defensoría del Pueblo, líderes del sector agropecuario, entre otros.

 “No renunciaremos a la vía del diálogo con el Arzobispo de Tunja, Alcalde de Tunja y Defensor del Pueblo como garantes”, fue enfático en afirmar el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra,  en una de las pausas de esta reunión que se desarrolla desde tempranas horas del día de hoy en la sede de la Curia.   

El Departamento se encuentra a la expectativa de las conclusiones de esta reunión.

Vale la pena destacar, que el Gobernador de Boyacá ha venido trabajado en la solución de esta crisis en estos 6 días de Paro Nacional Agropecuario. Sobre las 1 y 30  de la tarde se dio a conocer el siguiente comunicado:

El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra; el alcalde de la ciudad de Tunja, Fernando Flórez Espinosa; y Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga se permiten informar a la opinión pública que:

Desde cuando nuestros campesinos y sus organizaciones anunciaron su decisión de salir a protestar a las vías para exigir  al Gobierno Nacional el cumplimiento de pactos pasados, personalmente hablamos con el Presidente de la República y con altos funcionarios del Gobierno Central  para que se comprometieran a participar en las mesas de diálogo y que se pudiera superar el paro y los bloqueos.

El Presidente Santos ha dado instrucciones muy precisas sobre la necesidad de llegar a entendimientos con los campesinos, pero ha pedido que no se restrinjan derechos constitucionales como el de la libre movilidad, el acceso a los insumos de salud y servicios públicos, entre otros.

El Departamento de Boyacá, nuestra capital y la mayoría de nuestros pueblos, presentan indicadores muy críticos de pobreza como lo han revelado estudios publicados por agencias de Naciones Unidas. Casi todos los municipios, con muy pocas excepciones, dependen de la producción agropecuaria y dado que esta no es competitiva en productividad y precios, obviamente tiene efectos catastróficos sobre la economía local.

Ante la falta de oportunidades de desarrollo humano y mejoramiento de las condiciones de vida sigue presentándose una migración altísima de los jóvenes boyacenses hacia otras regiones del país, con lo que la población de recambio productivo en las áreas en las áreas rurales se está agotando, poniendo en serio riesgo el sector primario del departamento.  

El Libre comercio y otras políticas están golpeando algunos sectores de la agricultura y la ganadería de Boyacá, y por eso, la preocupación de los productores que reclaman una mejor atención del gobierno nacional, a través de políticas públicas de promoción y protección del campo, reclamaciones que estamos tramitando en una mesa donde estamos participando como garantes de los diálogos entre los campesinos y el gobierno nacional, porque nosotros como gobernantes no renunciamos al camino pacífico de entendimiento que beneficie a los que se manifiestan, pero también a todos los boyacenses y colombianos.

Las decisiones sobre el orden público y la recuperación de las vías están en cabeza del Gobierno nacional. Nosotros como legítimos representantes de la sociedad boyacense, hacemos un llamado para que los campesinos despejen la carreteras, evitemos choques en los que puedan salir afectados nuestros paisanos. Lo anterior, teniendo en cuenta que bajo el manto del paro, otros individuos cometen actos vandálicos que no podemos aceptar y confundir con la causa de los agricultores.

Así mismo, hacemos un llamado, para que sigamos dialogando en las mesas de concertación, y que la Policía actúe con la moderación necesaria y sin exceso de fuerza para no tener hechos que lamentar, al igual pedimos al Defensor Nacional del Pueblo, una comisión de verificación de derechos humanos de los actos de manifestantes y de las autoridades de choque. (Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo).

 

 

Oficina Asesora de Comunicaciones y Protoolo

Gobernación de Boyacá

 

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